Norma Legal Oficial del día 14 de diciembre del año 2018 (14/12/2018)


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NORMAS LEGALES

Viernes 14 de diciembre de 2018 /

El Peruano

por reconocer las potencialidades y las riquezas del estilo de vida rural, antes que las carencias o las dimensiones pendientes de desarrollo; de modo que permite establecer un imaginario de sociedad rural que contribuye al desarrollo del país, valorando la biodiversidad, los ecosistemas sociales y sus ámbitos naturales. 2) Lo rural supera lo agropecuario En las últimas décadas se hace evidente la presencia de actividades económicas en los ámbitos rurales que se superponen e influyen entre estas, como la minería, el turismo y la aparición de clústers agroindustriales; además de otros usos actuales como espacio de residencia momentánea, por ejemplo. Si bien es cierto la economía familiar está centrada en la subsistencia y mantenimiento de la familia sobre la base de la seguridad del aprovisionamiento, también está presente la economía familiar más proactivoemprendedora, orientada al crecimiento y la generación de algún excedente, con intereses aspiracionales de logro económico y educativo en la siguiente generación, con mayor movilidad y articulación proactiva en la innovación de los espacios urbanos (Escobal y Ponce, 2012). En la economía familiar es necesario visibilizar desde el análisis de género el rol de las mujeres como proveedoras de recursos, sin embargo, hay que destacar el trabajo doméstico no remunerado que se ejerce en la casa, realizando actividades domésticas y de cuidado, paralelamente se desarrollan actividades productivas y comunales. 3) Las estrategias productivas recaen en personas adultas mayores y con predominancia femenina Las migraciones generan dinámicas poblacionales complejas en las estructuras sociales y económicas, que inciden en el envejecimiento y la feminización en los ámbitos rurales. Muchas zonas rurales expulsan gran cantidad de población joven o adultos jóvenes, en edad reproductiva y de mayor rendimiento laboral, dejando personas mayores o mujeres a cargo de las actividades productivas o producción local, buscando así multiplicar sus actividades generadoras de ingresos (minería, turismo, pequeña actividad artesanal, comercio, comercio ambulante, construcción, etc.). (Scoones 2009; De Grammont y Martínez 2009). Además, en primer lugar, se puede observar un aumento del número de mujeres que emprenden en las Mypes, ya que según cifras del Ministerio de la Producción (Produce), al término del 2017, en el Perú existen 1 millón 270.000 micro y pequeñas empresas (Mypes) lideradas por mujeres. De las cuales el 79,5% se ubica en regiones del interior del país y el 20,5% está en Lima. 4) Integración rural con distintos mercados En los últimos años, se ha podido observar que en los espacios rurales se han ido integrando a distintos tipos de mercados, cercanos y lejanos: Si anteriormente la producción era dirigida a mercados locales o adyacentes, ahora el creciente desarrollo de productos, cuyo destino es la exportación a mercados lejanos cuando no internacionales, alarga las cadenas de producción y los circuitos de intermediarios y eventualmente permite, en algunos casos, también la generación de mejores ingresos a los productores. De otro lado, llegan a los espacios locales nuevos productos de consumo, que sustituyen muchas veces a la antigua producción local. Todo ello supone un cambio en las lógicas de producción, pues obliga a vender para poder comprar, además de introducir distintos estándares al proceso productivo, así como el manejo de nuevos conocimientos sobre cadenas y condiciones de producción y comercialización más complejas. El progreso técnico y económico, orientado a la productividad y el incremento de ingresos a partir de actividades dirigidas al mercado se orienta desde el potencial y la vocación productiva del territorio y para el

territorio; por tanto, demanda el desarrollo institucional y de capacidades organizacionales y políticas de la población (Schejtman y Berdegué 2004). En ese sentido, las mujeres cada día están ejerciendo actividades no tradicionales y ligadas a la tecnología e innovación rompiendo los roles de género asignados. 5) Participación comunitaria de la población en la vida política desde una ciudadanía rural La población rural participa activamente de la vida política en sus distritos, provincias, departamentos y a nivel nacional. Gran parte del gobierno de las zonas rurales recae en su propia población y sus organizaciones, lo que plantea dos tipos de fenómenos contrapuestos, de un lado el autogobierno y la capacidad de la población de decidir sobre parte de sus condiciones de desarrollo; y por otro lado, las dificultades presentadas entre los actores locales para afrontar el problema de la brecha educativa de la población, evidenciando limitaciones en la capacidad de gestión local. Esta manera de ejercer la ciudadanía rural permite una contribución al desarrollo local y regional que activa la vida política incorporando el estilo de vida y el imaginario de esta nueva ruralidad en la visión de desarrollo del país, incorporando la difusión de valores y prácticas de la democracia electoral y participativa, libre de discriminación y violencia de género. 6) Interdependencia de lo rural y lo urbano Los espacios rurales y urbanos son interdependientes, no existe lo rural sin lo urbano: Es tanto una constatación como un enfoque como punto de partida. La creciente interacción entre lo rural y lo urbano obliga a analizarlos como una unidad integrada en términos territoriales antes que como dos ámbitos opuestos. Los espacios rurales están siempre vinculados a urbanos, cuyas dinámicas condicionan y determinan buena parte de sus procesos sociales, económicos y políticos. Ambos son parte de un mismo espacio con flujos continuos e interdependientes que involucran personas, formación, bienes, servicios, información y muchas otras cosas. b) Educación con enfoque de desarrollo territorial Otro de los retos que plantea la nueva ruralidad, se vincula a plantear el territorio como un espacio social e históricamente construido, en el que prima la interrelación y consenso entre actores institucionales (públicos y privados) y sociales que conviven y se identifican con ese espacio geográfico y sociocultural, cuyos problemas comunes se resuelven de acuerdo con intereses y prioridades compartidas y en el marco de lo que ha funcionado en la tradición cultural, política e histórica. La dimensión geográfica del territorio está definida mediante criterios ecológicos (como una cuenca hidrográfica, por ejemplo). La dimensión histórica del territorio está definida por factores relacionados con la presencia y la permanencia de los seres humanos, como la etnicidad o una particular orientación productiva (por ejemplo, el predominio de un sistema agrícola específico, etc.) o, muy a menudo, la existencia de una entidad geopolítica local (como un municipio). En ese escenario de relaciones, el Estado tiene el mandato de garantizar la educación como el derecho de todas las personas de cada territorio, y en ese marco, proveer servicios educativos que respondan a las dinámicas que allí suceden. Los servicios son expresiones de esa garantía del derecho, que es el rol fundamental del Estado de preservar. La atención multimodal y diferenciada en respuesta a las características y la movilidad de la población se constituye, entonces, en un deber del aparato público, que permita asegurar educación de calidad pero que asegure cerrar brechas de inequidad y desarrollo del capital humano e institucional, reconociendo las potencialidades y el valor de la diversidad en los ámbitos rurales: "preparar" a las personas para el desarrollo de