Norma Legal Oficial del día 18 de septiembre del año 2019 (18/09/2019)
Si desea descargar el documento entero como pdf click aquí.
TEXTO DE LA PÁGINA 49
El Peruano / Miércoles 18 de setiembre de 2019
NORMAS LEGALES
49
El enfoque de derechos ofrece el marco analítico para entender los factores asociados al trabajo forzoso, coloca el foco de la política pública en la restitución de los derechos de las víctimas, remarcando su capacidad de resiliencia y de sujetos activos para superar la situación en la que se encuentran y el rol del Estado en brindar una respuesta efectiva al problema del trabajo forzoso. Enfoque de género. Es una herramienta de análisis para examinar la realidad y las relaciones sociales, teniendo en cuenta los roles que desempeñan los hombres y las mujeres, sus múltiples identidades, las oportunidades de acceso y control a los recursos y el grado de poder que ejercen en la sociedad. Permite observar la realidad identificando los roles y las tareas que realizan las mujeres y los hombres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellas y ellos. Permite conocer y explicar las causas que las producen y con ello, formular medidas (políticas, mecanismos, acciones afirmativas, normas, etc.) que contribuyan a superar las brechas sociales producidas por la desigualdad de género. El enfoque de género es una herramienta analítica y metodológica que posee una dimensión política, en tanto busca la construcción de relaciones de género equitativas y justas y reconoce la existencia de otras discriminaciones y desigualdades derivadas del origen étnico, social, orientación sexual, identidad de género, edad, entre otros. Desde una perspectiva de cambio, el enfoque de género incide en la formulación de políticas públicas y en la gestión de las mismas, ya que incorpora las necesidades específicas de mujeres y hombres en todo el ciclo de las políticas, favoreciendo una gestión pública eficiente y eficaz orientada a la igualdad social y de género. Enfoque de niñez y adolescencia. El enfoque de niñez y adolescencia analiza la realidad y la toma de decisiones de política pública tomando en cuenta las características y necesidades específicas de los niños, niñas y adolescentes (NNA), en el marco de su interés superior y la prevalencia de sus derechos. Un concepto clave que está en la base de este enfoque es el de protección integral, que asume el reconocimiento de NNA como titulares de derechos y la calidad de garante del Estado en el reconocimiento, realización y protección de los mismos, en corresponsabilidad con las familias y el conjunto de la sociedad. Enfoque etario. La vulneración de derechos humanos impacta a hombres y mujeres de todas las edades en formas diferentes. La distinción de los impactos que afectan a las víctimas, así como la valoración de grupos etarios que realizan violencia, posibilita mejores enfoques en la percepción de riesgos, en los factores protectores y sobre todo en la prevención. La existencia de hogares disfuncionales, la violencia intrafamiliar, el bullying, el machismo, la discriminación y la legitimación de la violencia afecta el desarrollo de las personas en las diferentes edades de su ciclo de vida, de modo distinto. Enfoque de discapacidad. Las acciones estratégicas que realice el Estado deben procurar que su nivel de comunicación, lenguaje, sean de fácil acceso y que abarquen diversos medios alternativos, considerando dispositivos multimedia, sistemas auditivos, medios de voz digitalizada, entre otros. Asimismo, se debe realizar ajustes razonables para garantizar a las personas con discapacidad su derecho a goce y ejercicio en igualdad de condiciones con las personas, teniendo en consideración que los productos, programas, servicios que briden el Estado mantengan un diseño universal que no conlleve una necesidad de adaptación ni diseño especializado. Finalmente, a fin de evitar situaciones de discriminación por discapacidad, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las personas con discapacidad en todo ámbito y contra todo tipo de explotación, violencia y abuso, incluido el género. Enfoque intercultural. El enfoque intercultural implica la valorización e incorporación - por parte del Estado - de las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnicos culturales para la generación de servicios con pertinencia cultural, la promoción de una ciudadanía intercultural basada en el diálogo y la atención diferenciada a los pueblos indígenas y la población afroperuana (Política Nacional
para la Transversalización del Enfoque Intercultural Decreto Supremo Nº 003-2015-MC). De esta manera, se espera diseñar e implementar acciones que consideren, de manera adecuada y con respeto, la idiosincrasia, los valores, las normas sociales y jurídicas de la población particularmente vulnerable al trabajo forzoso. Enfoque sistémico o de integralidad. El enfoque sistémico reconoce el carácter multidimensional del trabajo forzoso, lo que exige una respuesta integral y concertada de las instituciones públicas, organizaciones de empleadores y de trabajadores/as para la prevención del trabajo forzoso, la protección de las víctimas y la capacidad de los órganos del Estado para perseguir y sancionar el delito. Enfoque de resultados. El III PNLCTF está orientado a la gestión por resultados, lo que implica que se busca que las acciones desarrolladas generen cambios efectivos en la población a través de intervenciones sustentadas en programas presupuestales. Los cambios esperados deberán estar expresados en resultados medibles y basados en evidencias. Enfoque interseccional. El enfoque interseccional permite analizar la interrelación entre los distintos tipos de discriminación vigentes en una sociedad. Partiendo de la premisa de que las personas pertenecen a más de una comunidad a la vez y viven identidades múltiples en razón de sus orígenes e historia, relaciones sociales y la operación de las estructuras del poder, por lo que pueden experimentar opresiones y privilegios de manera simultánea, además de contar con una visión real de la situación de las personas, y el impacto que generan estas situaciones de convergencia. El análisis interseccional busca entender la interacción simultanea de factores sociales, económicos, políticos, culturales y simbólicos, que generan un impacto diferente de vulnerabilidad en las personas, con la finalidad de procurar una igualdad material de quienes se encuentran en una situación de desventaja a causa de la interacción de factores de vulnerabilidad. 8. Objetivo general El Objetivo General del III PNLCTF es: OG: Disminución de la presencia de trabajo forzoso en el país. 9. Objetivos específicos Los objetivos específicos son aquellos lineamientos concretos que responden al objetivo general y que a través de acciones estratégicas permiten su consecución. En función del objetivo general, se establecieron 2 objetivos específicos, 9 estrategias y 41 líneas de acción: Objetivo específico OE 1: Desarrollar una adecuada capacidad de respuesta institucional del Estado para la prevención y erradicación del trabajo forzoso. Para lograr este objetivo, en el marco de la CNLCTF, el III PNLCTF desarrolla una serie de actividades y estrategias para su consecución (gestión institucional). A través de estas acciones se pretende fomentar la institucionalidad en la lucha contra el trabajo forzoso vía una acción coordinada y articulada entre las instituciones públicas en los tres niveles de gobierno, considerando la participación ciudadana, que incluye la participación de los pueblos indígenas u originarios, según corresponda, así como fomentar el intercambio de información y de conocimiento a nivel nacional e internacional, y promover la asignación de recursos en la lucha contra el trabajo forzoso. Asimismo, a fin de lograr mejorar y agilizar la capacidad de respuesta del Estado ante la problemática del trabajo forzoso, el III PNLCTF desarrolla estrategias preventivas orientadas a reducir las probabilidades de que se generen casos y a través de acciones articuladas para enfrentar este flagelo, ofreciendo -a la vez- una atención integral a las víctimas. Estas acciones se desarrollan sobre la base de cuatro ejes: i) prevención; ii) detección; iii) atención y sanción; y iv) reintegración.