Norma Legal Oficial del día 13 de febrero del año 2020 (13/02/2020)
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TEXTO DE LA PÁGINA 57
El Peruano / Jueves 13 de febrero de 2020
NORMAS LEGALES
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4. La importancia de esta atribución, que es potestad reconocida en la norma más importante de nuestro ordenamiento jurídico, radica en la posibilidad que le otorga al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de no limitarse, en la actividad jurisdiccional que desarrolla, a la mera aplicación de las normas jurídicas a los casos concretos; y de poner especial énfasis en su labor de apreciar los hechos teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias sociales, políticas e incluso individuales que los rodean, siempre en armonía con el resto de principios y valores que informan el sistema jurídico peruano. 5. Por lo demás, el hecho de que la Constitución directamente le haya reconocido a este órgano colegiado dicha atribución tiene como correlato la posibilidad del uso de la prueba indiciaria. De ahí que si bien en nuestro sistema existe la libertad probatoria que otorga a las partes un amplio margen para aportar medios de prueba, tanto de cargo como de descargo, a la vez, el mismo ordenamiento reconoce que el juez cuenta con libertad en la apreciación de la prueba, sistema de valoración conforme al cual una prueba por sí misma no tiene un valor superior o inferior frente a otras, sino que serán las circunstancias del caso las que le brinden al juez un margen para apreciar la prueba y determinar su valor como parte del proceso demostrativo de los hechos. 6. En efecto, nuestro sistema de valoración de pruebas no se alinea con aquellos sistemas de prueba legal o tasada, en los que las pruebas tienen un valor predeterminado que define una jerarquía frente a otros medios de prueba, prelación que la mayor parte de las veces es fijada por el legislador, sino que le corresponde al juez determinar su validez y pertinencia en cada caso concreto. Como consecuencia de ello, los jueces deben hacer uso de todas las herramientas hermenéuticas posibles para llegar a la convicción de la existencia o no de un hecho, de modo tal que sus decisiones se sustenten en un conjunto objetivo de razonamientos que, concatenados entre sí, permitan arribar a una conclusión respecto del acaecimiento de un hecho o de su negación. 7. Precisamente, producto del reconocimiento de la libertad probatoria de las partes, así como del margen de apreciación o valoración de los hechos, se acepta la existencia de la denominada prueba indiciaria o también llamada prueba indirecta. 8. Al respecto, es necesario precisar que la prueba indiciaria presenta un contenido complejo al estar constituida por tres elementos fundamentales: a) el indicio o hecho base de la presunción; b) el hecho presumido o conclusión, y c) el nexo o relación causal que une el indicio o hecho base con su correspondiente conclusión. 9. En ese sentido, el indicio será considerado como el dato real y cierto que ostenta una aptitud significativa para conducir hacia otro dato por descubrir y vinculado con la materia sujeta a probanza. Así, el juez, a través del razonamiento efectuado a partir de la observación de las reglas lógicas que considere pertinentes al caso concreto, establece las diversas relaciones existentes entre los indicios que se presentan y el hecho desconocido que es materia de análisis. Y será consecuencia de dicho análisis concatenado y la deducción realizada que, de ser el caso, concluirá demostrando un hecho. 10. Bajo esta línea de ideas, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la legitimidad constitucional del uso de la prueba indiciaria o indirecta, señalando lo siguiente: En consecuencia, a través de la prueba indirecta, se prueba un "hecho inicial - indicio", que no es el que se quiere probar en definitiva, sino que se trata de acreditar la existencia del "hecho final - delito" a partir de una relación de causalidad "inferencia lógica" [STC Expediente Nº 7282008-PHC/TC, f.j. 24]. [...] [A] través de la prueba indirecta (prueba indiciaria o prueba por indicios), será preciso empero que cuando esta sea utilizada quede debidamente explicitada en la resolución judicial; pues no basta con expresar que la
conclusión responde a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o a los conocimientos científicos, sino que dicho razonamiento lógico debe estar debidamente exteriorizado en la resolución que la contiene [STC Expediente Nº 728-2008-PHC/TC, f.j. 25]. 11. De esta manera, como ha sido expuesto, el Tribunal Constitucional ha reconocido la legitimidad del uso de la prueba indiciaria como método de apreciación de los hechos por parte de los jueces del país, facultad que con mayor énfasis es aplicable respecto de los jueces electorales, habida cuenta del reconocimiento expreso de que estos aprecian los hechos con criterio de conciencia, según lo dispone el artículo 181 de la norma constitucional. 12. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la actividad jurisdiccional del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se circunscribe a las materias sobre las que el ordenamiento jurídico le ha otorgado competencia para conocer, entre las que se encuentran los procesos de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales, circunscripciones territoriales en las que, en su mayoría, es notoria la carencia de formalidad propias de sistemas institucionales debidamente organizados y eficaces, en donde existe plena certeza de los actos jurídicos y administrativos que se llevan a cabo. 13. En mérito a lo antes expuesto, este órgano colegiado considera imperativo realizar un análisis a la luz de la realidad cultural y social de nuestros pueblos, a fin de administrar justicia electoral idónea; es así que, en el presente caso, se analizarán los tres elementos necesarios para la configuración de la causal de nepotismo, y se realizará un estudio conjunto y concordado de todos los instrumentales obrantes en el presente expediente. Análisis del caso concreto En cuanto al primer elemento de la causal de nepotismo: existencia de una relación de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 14. En el presente caso, la solicitud de vacancia se sustenta en que el regidor Jesús Cristhian Guerrero Ochoa ejerció injerencia en la contratación de Welintón Guerrero Borbor, su pariente dentro del tercer grado de consanguinidad, quien prestó servicios como personal de apoyo en el área de maquinaria de la Municipalidad Distrital de Jeberos, durante febrero de 2019, por una contraprestación de S/ 930,00. 15. Respecto a la relación de parentesco existente entre la autoridad cuestionada y la persona contratada por la entidad edil, de la revisión de los actuados, se observa lo siguiente: a) En la copia certificada del acta de nacimiento de Llilmar Guerrero Tapayuri, inscrita el 23 de marzo de 1962, obrante a fojas 9 del Expediente Nº JNE.2019002236, se ha consignado como padre a Mario Román Guerrero Ortiz, de nacionalidad peruana - natural de Jeberos, y como su madre a María Tapayuri Pereira. Se indica, además, que el declarante fue Mario Guerrero Ortiz. b) En la copia certificada del acta de nacimiento de Welintón Guerrero Borbor, expedida el 23 de abril de 1992, obrante a fojas 11 del Expediente Nº JNE.2019002236, se ha consignado como padre a Mario Guerrero Ortiz, de 63 años de edad, natural de Jeberos y como su madre a Chela Borbor Vigo, de 17 años de edad, natural de Jeberos. c) En la copia certificada del acta de nacimiento de Jesús Cristhian Guerrero Ochoa, expedida el 22 de julio de 1987, obrante a fojas 8 del Expediente Nº JNE.2019002236, se ha consignado como declarante y padre a Llilmar Guerrero Tapayuri; y como su madre a Juana E. Ochoa Padilla. 16. Así pues, de acuerdo con la información antes mencionada, se infiere lo siguiente: