Norma Legal Oficial del día 19 de febrero del año 2020 (19/02/2020)
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TEXTO DE LA PÁGINA 51
El Peruano / Miércoles 19 de febrero de 2020
NORMAS LEGALES
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principio de celeridad y economía procesal, la presentación de dicho recurso fue puesto en conocimiento del alcalde en cuestión, oportunamente, por medio del citado Oficio N° 06070-2019-SG/JNE, a fin de que tome las providencias del caso. Por consiguiente, como no cabe reprogramación alguna, pues solo dilataría innecesariamente el presente proceso, más de lo que ya se dilató, debe declararse improcedente la citada solicitud. Respecto a la naturaleza de los procesos de vacancia 13. En principio, es menester señalar que los procesos de vacancia (también de suspensión) de las autoridades municipales y regionales tienen una naturaleza especial, cuya regulación se encuentra en las leyes orgánicas (Resolución N° 464-2009-JNE, del 7 de julio de 2009). De esta manera, el Jurado Nacional de Elecciones actúa como instancia jurisdiccional en dichos procesos, conforme lo establecen los artículos 1 y 5 de la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. 14. Así, este Supremo Tribunal Electoral en cumplimiento de la potestad jurisdiccional que le ha conferido el Poder Constituyente (artículo 178, numeral 4, de la Constitución Política del Perú) para administrar justicia en materia electoral, y que obedece a la necesidad de cautelar el interés general que existe en torno a garantizar la idoneidad de los funcionarios públicos elegidos por voto popular, debe proceder a evaluar si el acuerdo adoptado en la instancia administrativa se ha efectuado con arreglo a ley. 15. En el caso en concreto, debe verificar si la decisión adoptada, en su oportunidad, por el Concejo Distrital de Cholón de desestimar la solicitud de vacancia formulada en contra del alcalde de dicha comuna, por la causal prevista en el artículo 22, numeral 6, de la LOM, se encuentra conforme a ley. Dicha verificación es imprescindible, sobre todo, si consideramos que se trata de una causal objetiva, cuya procedencia se establece en razón de la existencia de una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente en el marco de un proceso penal. Sobre la vacancia por sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada 16. El numeral 6 del artículo 22 de la LOM establece expresamente que el cargo de alcalde o regidor vaca por condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad. 17. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en la Resolución N° 817-2012-JNE, vía interpretación de los alcances de la citada causal, ha establecido que esta se aplica cuando se verifica la existencia de una condena con pena privativa de la libertad por delito doloso durante la vigencia del mandato de una autoridad municipal, es decir, que en algún momento hayan concurrido la vigencia de la condena penal con la condición de alcalde o regidor. Análisis del caso concreto 18. En el caso de autos, como se señaló, el Concejo Distrital de Cholón, mediante el Acuerdo de Concejo Municipal N° 047-2019-MDCH/A, decidió rechazar la solicitud de vacancia presentada por Miguel Medina Villanueva en contra de Miguel Herrada Morales, alcalde de dicha comuna, por la causal prevista en el numeral 6 del artículo 22 de la LOM. 19. Sin embargo, de los actuados se observa que, en cuanto a la situación jurídico-penal del cuestionado alcalde, existe un proceso penal seguido en el Expediente N° 00017-2011-0-0201-SP-PE-01, en el cual la Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia de Áncash, a través de la Sentencia, de fecha 10 de julio de 2017 (fojas 220 a 299 del Expediente N° JNE.2019001824), dispuso, esencialmente, lo siguiente: a) Condenar a Miguel Herrada Morales como autor del delito contra la Administración Pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, peculado doloso, en agravio de la Municipalidad Distrital de Cholón, por lo que se le
impuso cuatro (4) años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de tres (3) años, sujeto al cumplimiento de determinadas reglas de conducta. b) Inhabilitarlo por el plazo de dos (2) años, "que deberá cumplir estrictamente el sentenciado, esto es, incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, debiendo oficiarse a la entidad correspondiente", así como abonar la suma de 30 000,00 soles por concepto de reparación civil a favor la entidad agraviada, sin perjuicio de la devolución de lo apropiado. 20. Asimismo, obra en autos la copia certificada de la Ejecutoria Suprema, correspondiente al Recurso de Nulidad N° 1940-2017/ÁNCASH, emitida el 26 de setiembre de 2018 (fojas 43 a 49 del Expediente N° JNE.2019001824), mediante el cual la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República resolvió, principalmente, lo siguiente: a) NO HABER NULIDAD en la Sentencia, de fecha 10 de julio de 2017, que condenó a Miguel Herrada Morales como autor del delito de peculado doloso, en agravio de la Municipalidad Distrital de Cholón. b) Remitir "la causa al Tribunal Superior para la iniciación de la ejecución procesal del extremo condenatoria de la sentencia ante el órgano jurisdiccional competente". 21. Así también, de la Consulta de Expedientes Judiciales en el portal institucional del Poder Judicial,