Norma Legal Oficial del día 22 de diciembre del año 2017 (22/12/2017)
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TEXTO DE LA PÁGINA 25
El Peruano / Viernes 22 de diciembre de 2017
NORMAS LEGALES
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El aumento de la pobreza en el Perú puede convertirse en un problema de Seguridad Nacional, con repercusiones económicas y sociales en tanto los índices de pobreza y extrema pobreza no reduzcan sus cifras y sean ocasionados por el aumento de desempleo. Esta situación podría provocar un aumento del descontento social, de la conflictividad social o el aprovechamiento de corrientes e ideologías antisistema, entre otros. 4.2.20 Capacidad para el manejo de los conflictos sociales. Durante los últimos años se ha apreciado una deficiente gestión de los conflictos sociales y un descuido notable en la participación activa del Estado, principalmente, en la etapa preventiva del conflicto lo cual permitiría evitar una escalada que dificulte la gobernabilidad y principio de autoridad. La Defensoría del Pueblo, en sus informes mensuales, muestra la cantidad de conflictos sociales que han surgido, que se mantienen vigentes y en otros casos que se solucionan a nivel nacional. De acuerdo con la estadística de los últimos cuatro años, el promedio anual es de 205 conflictos sociales latentes a nivel nacional (Ver Gráfico N° 15 A): CONFLICTOS SOCIALES POR AÑO
(de defensa del gobierno), y no de transformación de conflictos. La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM), es responsable de dirigir, en el ámbito de sus competencias, el proceso de diálogo con los diversos actores sociales, representantes de instituciones privadas y funcionarios públicos, con el objeto de prevenir controversias, diferencias y conflictos sociales; sin embargo, su efectividad aún no es percibida por la población y tampoco se refleja en los reportes que mensualmente emite la Defensoría del Pueblo. V. POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA
224 215 210 208
202
186 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
* Al mes de marzo de 2016 FUENTE: Defensoría del Pueblo Gráfico N. 15 A Asimismo, durante el mes de enero 2017, la principal competencia (entre varias que coexisten) en la atención de los conflictos sociales registrados recae en el Gobierno Nacional, con 139 casos (65,0%); en los gobiernos regionales con 42 casos (19,6%); y en los gobiernos locales con 19 casos (8,9%). Respecto al promedio de conflictos sociales, explica una tendencia preocupante, revelando que, a pesar de los esfuerzos de gestión, este promedio no baja de los 200 conflictos mensuales vigentes según el siguiente cuadro (Ver Gráfico N° 15 B): PERÚ: CONFLICTOS SOCIALES, SEGÚN PRINCIPAL COMPETENCIA DEL GOBIERNO, ENERO 2017 (Número de casos)
La Política de Seguridad y Defensa Nacional ha sido formulada de conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado, sobre la base de la adecuación del concepto de seguridad nacional; los objetivos nacionales, el fortalecimiento del Sistema de Defensa Nacional, dentro del marco del Decreto Legislativo Nº 1129, que regula el Sistema de Defensa Nacional; así como, el Acuerdo Nacional, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y guarda concordancia con el Plan de Gobierno. La aprobación de esta Política de Seguridad y Defensa Nacional, busca garantizar el orden interno, contribuyendo al normal funcionamiento de la institucionalidad del Estado, alcanzar niveles de desarrollo sostenible en beneficio de la seguridad humana. Contiene objetivos y lineamientos, que orientarán la actuación de todos los actores involucrados que interactúan de manera articulada y participativa en las actividades de Seguridad y Defensa Nacional. Esta articulación intersectorial e intergubernamental logrará establecer mecanismos de cooperación, colaboración y coordinación para la atención de demandas sociales, diálogo, capacidad de conciliación y oportunidad para desarrollar soluciones normativas, sociales y económicas. 5.1. Objetivos de la Política. En el marco de la Política de Seguridad y Defensa Nacional, se utilizó el enfoque de seguridad multidimensional, se han elaborado los siguientes objetivos: Objetivo N.° 1 El primer objetivo está relacionado con el conjunto de previsiones y acciones que el Estado genera y ejecuta permanentemente para garantizar la soberanía, independencia e integridad territorial, así como la protección de los intereses nacionales: "Garantizar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la protección de los intereses nacionales". Objetivo N.° 2 El segundo objetivo está relacionado con el conjunto de previsiones y acciones que el Estado adopta permanentemente para garantizar la estabilidad y el normal funcionamiento de la institucionalidad políticojurídica: "Garantizar el Orden Interno contribuyendo al normal funcionamiento de la institucionalidad políticojurídica del Estado". Objetivo N.° 3 El tercer objetivo está relacionado con el Desarrollo Humano, que es el proceso de creación, ampliación
FUENTE: Defensoría del Pueblo - SIMCO Gráfico N° 15 B Estudios realizados por el Consorcio de Investigación Económica y Social - CIES37, determinaron que la institucionalidad del Estado funciona de manera fragmentada y "compartimentalizada", agravada por un órgano de gestión de conflictos que se ha reciclado a través de sucesivos gobiernos, ampliando sus facultades con el incremento de más metodologías, más personal y recursos, pero con la misma perspectiva política
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El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) es una asociación conformada por 48 prestigiosas instituciones peruanas dedicadas a la investigación y la docencia en ciencias económicas y sociales. Sus miembros incluyen a universidades y centros de investigación, tanto de Lima como de las regiones del Perú. Desde el inicio de actividades en 1989, el CIES ha contado con el apoyo de la Cooperación Técnica Canadiense, específicamente de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) y del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés). Disponible en: http://cies.org.pe/es/quees-el-cies#sthash.i3PWKgnr.dpuf.