Norma Legal Oficial del día 15 de febrero del año 2017 (15/02/2017)
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NORMAS LEGALES
Miércoles 15 de febrero de 2017 /
El Peruano
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del Ministerio Público. SE RESUELVE: Artículo Primero.- Dejar sin efecto el primer considerando de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4584-2015-MP-FN, de fecha 11 de septiembre de 2015, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera: "El oficio Nº 11165-2015-MP-PJFS-DFH, cursado por el doctor Manuel Antonio Cornejo Falcón, Fiscal Superior Titular Penal de Huánuco, Distrito Fiscal de Huánuco, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del mencionado Distrito Fiscal." Artículo Segundo.- Hacer de conocimiento la presente Resolución, a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huánuco, Gerencia General, Gerencia Central de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y al exfiscal mencionado. Regístrese, comuníquese y publíquese. PABLO SÁNCHEZ VELARDE Fiscal de la Nación 1485945-14
Disponen la creación y conformación de la Comisión encargada de asegurar el desarrollo e implementación de la Carpeta Fiscal Electrónica (CFE) en el Ministerio Público
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN Nº 572-2017-MP-FN Lima, 14 de febrero de 2017 VISTO: El Oficio Nº 1504-2017-MP-FN-SEGFIN de fecha 13 de febrero de 2017, presentado por el Secretario General con relación a la implementación de la Carpeta Fiscal Electrónica (CFE) en el Ministerio Público. CONSIDERANDO: La Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública, la eficiencia del Estado, la atención a la ciudadanía y el uso de los recursos públicos. El Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la "Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública", con tres ejes transversales que orientan su desarrollo: el Gobierno Abierto, el Gobierno Electrónico y la Articulación Interinstitucional (gobierno colaborativo multinivel). El Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, que define y establece políticas nacionales de obligatorio cumplimiento para todas las entidades de la administración pública, entre ellas, la Política Nacional de Simplificación Administrativa, la misma que entre otros objetivos, busca universalizar de forma progresiva, el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el sector público, así como promover la demanda de servicios en línea, observando para ello, entre otros: i) El principio de "integralidad de las soluciones", que consiste en abordar los problemas de forma integral, con una visión sistémica, en el marco del proceso de modernización del Estado y ii) El principio de "transversalidad", que plantea conducir la simplificación
administrativa como un proceso que integra a todas las entidades competentes en la materia, y no como un proceso que corresponde a cada entidad individualmente. El Decreto Supremo Nº 081-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico 20132017, con los objetivos de: i) Fortalecer el gobierno electrónico en las entidades de la Administración Pública, garantizando su interoperabilidad y el intercambio de datos espaciales; ii) Acercar el Estado a los ciudadanos, de manera articulada, a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación; iii) Garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en la administración pública y articular los temas de ciberseguridad en el Estado; iv) Fomentar la inclusión digital de todos los ciudadanos, a través del Gobierno Electrónico, especialmente de los sectores vulnerables; y, v) Promover, a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación y en coordinación con los entes competentes, la transformación de la sociedad peruana en una Sociedad de la Información y el Conocimiento. El Decreto Legislativo Nº 1310, que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa y emite disposiciones para la digitalización e integración de los sistemas de trámite documentario de las entidades de la Administración Pública. La importancia de incorporar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los órganos de la administración pública, con la finalidad de mejorar los servicios que ofrecen, a través de la automatización de sus procesos, principalmente de aquellos que involucran la simplificación de trámites que son de interés del ciudadano. La responsabilidad que tienen los órganos de la administración pública, de mejorar continuamente: i) La atención al ciudadano, desarrollando canales y servicios que se adecúan a sus necesidades y posibilidades (ventanillas únicas, medios virtuales, servicios públicos en línea, entre otros) y ii) Su gestión institucional, a través del uso intensivo de la tecnología y de la gestión de bases de datos. Los impactos positivos de emplear las Tecnologías de la Información y Comunicación, en los procesos fiscales a cargo de las fiscalías penales, civiles, de familia y de prevención del delito, contribuyendo de esta forma con la mejora de: i) El acceso del ciudadano al sistema de administración de justicia; ii) La defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos; iii) La persecución del delito; y, iv) La reparación civil. Los beneficios que le proveerá el Ministerio Público a la sociedad, con la implementación de un sistema de información que le permita al ciudadano, la presentación y recepción de documentos electrónicos de forma segura y oportuna, y al Ministerio Público, la sistematización de aquellos documentos que de forma electrónica se vayan agregando a la carpeta fiscal. La naturaleza de la Carpeta Fiscal Electrónica (CFE), que al utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación desde una perspectiva sistémica, permitirá mejorar: i) La gestión de las carpetas fiscales; ii) La calidad, transparencia y celeridad de los procesos fiscales; iii) Los costos de transacción del proceso fiscal; iv) La interoperabilidad entre las instituciones del Sistema de Administración de Justicia; v) La gestión de la información al interior del Sistema de Administración de Justicia; y, vi) El beneficio o retorno social derivado del uso de las nuevas tecnologías. El alcance y la magnitud del proceso de implementación de la Carpeta Fiscal Electrónica (CFE) a nivel nacional, es pertinente ejecutar el referido proceso de forma progresiva, iniciando con la implementación de un proyecto piloto, acotado inicialmente a procesos y fiscalías que se determinarán en el seno de la Comisión que el Ministerio Público conforme para tal fin, asegurando de esta forma, el cumplimiento de estándares internacionales técnicos de calidad, tales como: ISO-12207, ISO-27001, ISO15504 y ISO-30301, ISO-15489, entre otros. Lo señalado en el párrafo precedente y la trascendencia de conducir el proceso de implementación de la Carpeta