Norma Legal Oficial del día 14 de septiembre del año 2017 (14/09/2017)
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NORMAS LEGALES
Jueves 14 de setiembre de 2017 /
El Peruano
correcto funcionamiento del sistema de transparencia y acceso a la información pública. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, es responsable de articular programas de capacitación que promueva una cultura orientada al gobierno abierto. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es responsable de aprobar instrumentos legales que favorezcan la transparencia en la producción de normas reglamentarias. La Presidencia del Consejo de Ministros es la responsable de la aprobación y supervisión del Plan de Gobierno Abierto y realizar seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos. D. LINEAMIENTOS A fin de cumplir con este objetivo las entidades responsables deberán considerar, como mínimo, los siguientes lineamientos: Supervisar el cumplimiento de la normativa de transparencia y acceso a la información pública. Aprobar el Plan de Gobierno Abierto 2017-2019. Realizar el seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos 2017-2021. Implementar herramientas de rendición de cuentas para los/las funcionarios/as, orientado a la ciudadanía. OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 1.2 CONSOLIDAR UNA GESTIÓN DE INFORMACIÓN INTEGRADA PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A. SITUACIÓN ACTUAL Actualmente, el Estado no cuenta con un adecuado sistema integrado de recolección y procesamiento de datos sobre las actividades de gestión de las entidades públicas. En primer lugar, dentro de las entidades públicas no hay órganos responsables de levantar, integrar y procesar información acerca de los distintas actividades de gestión que se llevan a cabo, con un nivel de detalle que permita revelar alertas o indicios basados en determinados patrones de conducta en la contratación de personal, en la contratación de bienes y servicios, o en la cantidad y tipo de denuncias que son recibidas por presuntas infracciones éticas al interior de cada entidad pública. Así, como ha sido reconocido en distintas ocasiones (Transparencia: 2007), no se cuenta con información cuantitativa y cualitativa relevante que permita a las propias entidades diseñar mapas de riesgos, desde una perspectiva preventiva; a las entidades encargadas del control, canalizar adecuadamente sus estrategias de fiscalización; y, a la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, participar del ejercicio de fiscalización ciudadana para promover la integridad de los/las servidores/as civiles y la adecuada gestión de los recursos públicos. Aun, en los casos en los que la información se encuentre disponible, esta no es debidamente procesada con la finalidad de facilitar su utilización o no es publicada en formato de datos abiertos, de manera que se permita su reutilización por parte de terceros, o no se hace uso de las alternativas que ofrecen las tecnologías de la información. En muchos casos, además, la información con la que se cuenta no es cotejada o puesta en valor a través del monitoreo de conductas posteriores (OCDE: 2017). Además, la falta de disponibilidad de información sobre las actividades de gestión de las entidades públicas impide una adecuada fiscalización y un eficiente diseño de estrategias de prevención de la corrupción. Al mismo tiempo, incentiva comportamientos contrarios a la ética pública en la medida que reduce sus probabilidades de detección. Por su parte, el trabajo llevado a cabo en la gestión de los archivos del Estado es todavía insuficiente
en la medida que la información albergada en ellos no se encuentra debidamente protegida a través del uso de tecnologías y herramientas informáticas. En segundo lugar, en la actualidad tampoco existe un sistema de información integrado e interoperable, debidamente articulado, puesto en funcionamiento para combatir la corrupción y favorecer permanentemente prácticas de integridad en el sector público (Comisión Presidencial de Integridad: 2016). Así, los esfuerzos para trabajar en este sentido, aparecen más bien aislados, con una multiplicidad de actores, desorden en la atribución de funciones y falta de reglas claras en los escenarios en los que resulta fundamental asumir responsabilidades. Por supuesto, los actores involucrados en la lucha contra la corrupción desde los distintos enfoques y a través de múltiples estrategias llevan a cabo sus labores con la mayor eficiencia posible; sin embargo, no existe un sistema que articule todos los esfuerzos y que, liderado por un organismo central rector, se encargue de manejar ejecutivamente las estrategias que se requiere implementar en el sector público para construir un Estado íntegro. Su inexistencia aparece tal vez como una de las razones por las cuales, incluso, se obstaculiza el cumplimiento efectivo de obligaciones internacionales vinculadas a la lucha contra la corrupción (Shack: 2016). B. META El país habrá puesto en funcionamiento mecanismos adecuados de información y procesamiento de datos que permitan a los órganos responsables de la prevención, persecución y represión de prácticas corruptas diseñar estrategias adecuadas y eficientes para combatir la corrupción, fomentando además la fiscalización y producción de información por parte de los/las ciudadanos/ as y organizaciones de la sociedad civil. El país cuenta con un Sistema Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción articulado conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que alinea esfuerzos en la definición de estrategias de lucha contra la corrupción y que cuenta con un órgano rector responsable de dirigirlo. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción se presenta como un organismo del más alto nivel encargado del seguimiento, monitoreo y evaluación permanente de las estrategias anticorrupción. C. RESPONSABLES La Presidencia del Consejo de Ministros es responsable de emitir lineamientos para la producción de información en las entidades públicas. Las entidades públicas son responsables de levantar y producir información desagregada y procesada. Los actores involucrados en la prevención, persecución y sanción de prácticas corruptas son responsables de articular acciones para la aprobación de instrumentos legales que favorezcan mecanismos de intercambio de información e interoperabilidad. La Presidencia del Consejo de Ministros es responsable de proponer el marco normativo adecuado y el diseño del Sistema Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción es la responsable de proponer medidas para su fortalecimiento institucional y de las Comisiones Regionales Anticorrupción al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Asimismo, esta comisión planteará una propuesta de Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción como herramienta de implementación de la presente política. D. LINEAMIENTOS A fin de cumplir con este objetivo las entidades responsables deberán considerar, como mínimo, los siguientes lineamientos: Crear el Sistema Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Aprobar el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción en base a la propuesta desarrollada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.